En ocasiones una sociedad puede llegar a atravesar dificultades económicas tan graves que puede llegar a enfrentarse a una suspensión de pagos e, incluso, a entrar en un concurso de acreedores. En este post queremos despejar algunas dudas sobre la Ley Concursal. Para ello, nos vamos a centrar en un supuesto en el que existen cuatro sociedades limitadas, con el mismo administrador único. En todas figuran los mismos socios, excepto en una de ellas, que tiene un socio minoritario. Esta última sociedad, llamémosla Sociedad A, entra en suspensión de pagos y, posteriormente podría, incluso, darse el caso de entrar en concurso de acreedores.

La pregunta es la siguiente. ¿La suspensión de pagos o/y el concurso de acreedores puede afectar al resto de sociedades B, C y D, por ser el mismo administrador aunque no se encuentren esas sociedades en la misma situación? ¿Quedarían expuestos los bienes de estas otras tres sociedades?

La Ley Concursal establece en su artículo 5.bis la posibilidad de que una entidad entre en el llamado preconcurso que es una situación en la que la entidad, consciente de las dificultades económicas, inicia actuaciones de negociación con sus acreedores. Entiendo que es a lo que se refiere la consulta cuando habla de suspensión de pagos. El término suspensión de pagos desapareció con la Ley Concursal 22/2003, momento a partir del cual las entidades pueden encontrarse en concurso de acreedores.

El artículo 5 bis LC permite al deudor comunicar al Juzgado el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Sin embargo, de su dicción literal parece concluirse que se trata de la antesala a la declaración del concurso, y ello ni es siempre así ni está previsto para este fin.

El artículo 5.bis Ley Concursal dispone lo siguiente:

«Artículo 5 bis Comunicación de negociaciones y efectos

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley.

En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso.

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.

3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, no se ordenará la publicación del extracto de la resolución.

El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier momento.

4. Desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1;

b) se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación;

c) se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos;

d) se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio;

e) o tenga lugar la declaración de concurso.

En su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente. En caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá recurrir aquel decreto ante el juez competente para conocer del concurso.

Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en el primer párrafo del presente apartado quedarán levantadas si el juez competente para conocer del concurso resolviera que los bienes o derechos afectados por la ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en todo caso, una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente.

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta sobre cualesquiera otros bienes o derechos del patrimonio del deudor siempre que se acredite documentalmente que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia.

Lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no se haya realizado alguna de las actuaciones previstas en el primer párrafo de este apartado o haya transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado.

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.

5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.

6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de un año».

Del texto de la consulta parece entenderse que la misma persona es socia de cuatro sociedades y una de ellas está en concurso, preguntándose si las deudas de una pueden trasladarse al resto de sociedades.

La respuesta es afirmativa en el supuesto de que formaran un grupo de sociedades y realizaran operaciones cruzadas. A esta cuestión hay que añadir que los concursos de acreedores tiene una pieza de calificación llamada pieza sexta en la que se califica la actuación del administrado societario y en el supuesto de que sea calificada culpable existiría responsabilidad personal que implicaría que si el administrador es también socio de las otras entidades, su patrimonio personal (las participaciones en esas entidades) serían susceptibles de responder de las deudas de la sociedad A.

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