Si una persona reside fuera de España, pero obtiene rentas por el alquiler o venta de inmuebles ubicados en territorio español, la presentación del modelo 210 es obligatoria. En este post vamos a aclarar una duda muy común en torno a este modelo, que es el Impuesto sobre la Renta de los no residentes.

Vamos a ejemplarizar este artículo poniendo el foco en un ciudadano holandés que tiene una vivienda en España. Tiene alquilado ese inmueble y ha realizado varias reformas en la casa. La duda que le surge es si se puede deducir todos los gastos durante cuatros años o si solo es deducible la totalidad de los gastos en el trimestre correspondiente.

Al tratarse de ser un residente fiscal en Holanda se deberá atender a la regla especial establecida en el artículo 24.6. 1ª del TRLIRNR para la determinación de la base imponible:

“6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir:

a) En caso de personas físicas, los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. (…)”.

En este sentido, el artículo 23.1 de la LIRPF establece lo siguiente:

 

“Artículo 23. Gastos deducibles y reducciones.

 

1. Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos siguientes:

a) Todos los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos. Se considerarán gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, entre otros, los siguientes:

1.º Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute del que procedan los rendimientos, y demás gastos de financiación, así como los gastos de reparación y conservación del inmueble. El importe total a deducir por estos gastos no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos. El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes de acuerdo con lo señalado en este número 1.º

2.º Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos computados o sobre el bien o derecho productor de aquéllos y no tengan carácter sancionador.

3.º Los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

4.º Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales.

b) Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con éste, siempre que respondan a su depreciación efectiva, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Tratándose de inmuebles, se entiende que la amortización cumple el requisito de efectividad si no excede del resultado de aplicar el 3 por ciento sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir el valor del suelo.

En el supuesto de rendimientos derivados de la titularidad de un derecho o facultad de uso o disfrute, será igualmente deducible en concepto de depreciación, con el límite de los rendimientos íntegros, la parte proporcional del valor de adquisición satisfecho, en las condiciones que reglamentariamente se determinen”.

En consecuencia, si los gastos realizados tienen la consideración de reparaciones se aplicará el límite previsto en la letra a) del artículo 23.1 LIRPF. En caso de que constituyan una mejora, se aplicará lo previsto en la letra b de dicho precepto.

Por otro lado, la cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible determinada conforme al artículo anterior, el 19 por ciento previsto en el artículo 25.1.a) del TRLIRNR para los residentes en la Unión Europea.

Para ampliar esta información se puede visitar la consulta de la DGT V1083-17, en la que se aborda este asunto.

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