Ante la dramática situación económica derivada del COVID 19, muchos empresarios se están viendo obligados a despedir a algunos de sus trabajadores para poder continuar con su proyecto empresarial. El despido es la última solución y cuando el empresario toma esta decisión debe saber que prescindir de sus empleados conlleva un coste económico.

El Gabinete Jurídico de Asesor Excelente quiere compartir con todos vosotros una consulta que ha recibido recientemente en la que se expone una situación de despido. Se trata de un trabajador que lleva en una empresa más de 30 años y le van a comunicar su despido. La empresa, en esta situación, baraja dos escenarios: despido improcedente o despido objetivo. En el primer supuesto, la cantidad que se está negociando de indemnización ronda los 380.000 euros; mientras que, en el segundo, es de 328.000. Teniendo en cuenta que los primeros 180.000 euros están exentos de tributación, el empresario quiere saber cuál sería la opción más conveniente.

Otra duda que le surge es si sería conveniente un fraccionamiento en el cobro de la indemnización, por ejemplo, a 4 años, a efectos de pagar menos IRPF.

En este sentido, los expertos de Asesor Excelente consideran que para determinar la opción fiscalmente más conveniente sería necesario conocer las rentas totales del contribuyente y realizar los cálculos bajo las dos opciones posibles (un pago único o fraccionado en varios pagos).

Normalmente, lo más ventajoso será el pago único puesto que los primeros 180.000 euros están exentos (entendemos que la cantidad exenta por aplicación de la regla de 33 días de salario por año trabajado no es inferior a 180.000 euros) y sobre el exceso podría aplicar la reducción del 30% de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 LIRPF que transcribimos a continuación:

 

Artículo 18. Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del trabajo

 

1. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.

2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2. a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único período impositivo.

Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral, común o especial, se considerará como período de generación el número de años de servicio del trabajador. En caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, el cómputo del período de generación deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Estos rendimientos no se tendrán en cuenta a efectos de lo establecido en el párrafo siguiente.

No obstante, esta reducción no resultará de aplicación a los rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años cuando, en el plazo de los cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que resulten exigibles, el contribuyente hubiera obtenido otros rendimientos con período de generación superior a dos años, a los que hubiera aplicado la reducción prevista en este apartado.

La cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.

Sin perjuicio del límite previsto en el párrafo anterior, en el caso de rendimientos del trabajo cuya cuantía esté comprendida entre 700.000,01 euros y 1.000.000 de euros y deriven de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo 17.2 e) de esta Ley, o de ambas, la cuantía del rendimiento sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe que resulte de minorar 300.000 euros en la diferencia entre la cuantía del rendimiento y 700.000 euros.

Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a 1.000.000 de euros, la cuantía de los rendimientos sobre la que se aplicará la reducción del 30 por ciento será cero.

A estos efectos, la cuantía total del rendimiento del trabajo a computar vendrá determinada por la suma aritmética de los rendimientos del trabajo anteriormente indicados procedentes de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia del período impositivo al que se impute cada rendimiento.

3. El 30 por ciento de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 17.2.a) 1.ª y 2.ª de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.

4. Las reducciones previstas en este artículo no se aplicarán a las contribuciones empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51, 53 y en la disposición adicional undécima de esta Ley».

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